Este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México puso en marcha la impresión de más de 600 millones de boletas para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio. Estos comicios, que no tienen precedentes en el país, permitirán a los ciudadanos elegir a 881 funcionarios del Poder Judicial federal, un hecho que marca un antes y un después en la historia política de México.
De acuerdo con un comunicado oficial, se producirán un total de 602.387.442 papeletas, labor que recae en los Talleres Gráficos de México, una entidad gubernamental especializada en este tipo de tareas.
Este proceso electoral es el resultado de una polémica reforma constitucional promovida en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, respaldada por su partido, Morena, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, fue aprobada tanto en el Congreso federal como en la mayoría de los congresos estatales.
López Obrador justificó la reforma argumentando que la elección popular de los cargos judiciales era un paso necesario para democratizar el Poder Judicial y reducir la corrupción en sus instituciones. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre pasado y comparte la misma línea política, también ha expresado su apoyo a esta iniciativa.
No obstante, la reforma ha generado un intenso debate. Los críticos sostienen que esta medida no garantiza la erradicación de la corrupción y, peor aún, podría facilitar que grupos de poder —desde políticos hasta organizaciones criminales— intenten manipular el sistema judicial al respaldar a candidatos afines a sus intereses.
En estas elecciones, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a 881 funcionarios, entre los que se incluyen: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, cinco miembros de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
Este proceso no solo redefine la forma en que se integra el Poder Judicial en México, sino que también plantea un desafío para la transparencia y la independencia del sistema de justicia. Los resultados de estas elecciones podrían tener repercusiones significativas en el futuro del país.